Recuperar la política. Recuperar la Constitución

 

Opinión: Por Pbro. Sergio O. Buenanueva

Dejamos de ser depredadores que se matan unos a otros, entre otras cosas, por la acción política que nos permite encontrar la mejor solución posible a los inevitables conflictos de la vida social.

La política tiene una irrenunciable dimensión moral. Esto, en un doble sentido: a) es el modo humano, civilizado y sensato de realizar lo que es bueno, valioso y justo, aquí y ahora, evitando -en la medida de lo posible- lo que es injusto; b) supone la calidad moral (virtud) de los sujetos que la detentan. Ambos aspectos confluyen en el tan preciado bien de la legitimidad en la construcción del poder.

El conflicto del campo ha desnudado la profunda anemia de la vida política argentina. No solo de los políticos que ejercen el poder público. La misma experiencia ciudadana tiene un fuerte déficit de calidad política. Hay una difusa percepción de que el estado de derecho es un instrumento más o menos útil, según las circunstancias. En los setenta se lo calificaba de “formalidad burguesa”, solo deseable para alcanzar fines superiores. Un instrumento que se usa en la misma medida que se desprecia.

Uno de los síntomas de este estado anémico es el ominoso silencio que, durante este prolongado conflicto pesa sobre el valor de la Constitución nacional para alumbrar alguna solución sensata al problema. Es la opinión de dos prestigiosos juristas argentinos: “En el cruce de argumentos esgrimidos desde uno y otro lado, se advierte con sorpresa la escasa importancia que hasta ahora se asigna, para resolver el diferendo, a la Constitución Nacional. El consenso básico de una comunidad se encuentra en su Constitución, ella refleja los sentimientos y valores compartidos por todo el pueblo, fija los grandes objetivos de un país, los derechos de los habitantes, y establece la manera en que deben ejercer el poder las autoridades, al imponer límites y distribuir las competencias de cada órgano para evitar lesiones a esos derechos.” (Bossert-Gil Lavedra, La Nación 12/VI/2008).

¿Cuál puede ser el aporte legítimo de los católicos en todo este complejo problema?

La fe cristiana ilumina la realidad política, económica y social. Es lo que llamamos: “Doctrina social de la Iglesia”, o también: el Evangelio aplicado a las realidades temporales.

La Iglesia como tal y sus pastores no tenemos una competencia directa en campo político, social o económico. Nuestro aporte apunta directamente a la dimensión moral de estas realidades. Vale decir: recordar, ilustrar y precisar los grandes valores éticos que se ponen en juego en este complejo campo de la vida humana. La aportación de la Iglesia y sus pastores abreva en dos fuentes: a) el Evangelio de Cristo; y b) el orden natural. Si repasamos, por ejemplo, lo que nuestros obispos vienen diciendo de 2001 a la fecha encontraremos mucho material para rumiar. El reciente pronunciamiento de la Comisión permanente va por el mismo camino, sin olvidar los pronunciamientos individuales. Destaco, de entre ellos, la homilía de nuestro Obispo en el Te Deum del pasado 25 de mayo, y un artículo de Mons. Héctor Aguer (El Día, 4/VI/2008) recordando algunos grandes principios morales aplicables al conflicto.

La enseñanza social de la Iglesia está dirigida así a la conciencia de los fieles católicos y de toda persona que quiera recibir este mensaje, porque allí -en la conciencia- se realiza el discernimiento de lo que es justo en un caso determinado y, así, la conducta es orientada para realizarlo bajo el imperativo de la verdad descubierta, asimilada y acogida en la conciencia. Este es un acto de la razón autónoma, auténtica medida de la dignidad de la persona y de su libertad responsable. A nadie se le puede ahorrar este ejercicio de autonomía personal. Es el modo auténticamente humano de realizar la verdad en el amor.

La Iglesia y sus pastores no podemos nunca cruzar este límite. Por dos razones. Primero, porque la autonomía de las realidades terrenas, del poder político y de la misma sociedad civil pone un límite efectivo a las pretensiones de las religiones de erigirse en jueces absolutos de toda la realidad. Es saludable reconocer los límites de las propias competencias. En segundo lugar, porque la Iglesia reconoce a cada fiel cristiano, especialmente a los laicos, un amplio espacio de libertad de decisión y acción en materias que, de suyo, son opinables, contingentes y, por lo mismo, abiertas a distintas soluciones posibles.

Así, la aportación más efectiva que la Iglesia hace a la vida social es la calidad interior de los católicos, a quienes debería formar para ejercer este acto nobilísimo, intransferible y autorresponsable de discernimiento moral. Mucho más si se trata de católicos que ejercen algún rol en la gestión de la cosa pública.

Esta meta de recuperar la dignidad de la política es ambiciosa y de largo alcance. No puede, por tanto, realizarse a través de acciones atropelladas o improvisadas. Supone una serie de estrategias bien pensadas, articuladas y con responsables concretos. El Plan de Pastoral nos ofrece algunas indicaciones al respecto, sobre todo en los objetivos y estrategias de la Prioridad III. Destaco aquí el objetivo 3: “Promover el compromiso con el bien común y la ciudadanía, para ofrecer el aporte de la fe cristiana en la consolidación de la vida social, el estado de derecho y las instituciones republicanas.” (PDP 4.3.3).

Aporto ahora una estrategia más. Es sólo una sugerencia. ¿Por qué no organizamos en nuestros espacios pastorales algunos encuentros para leer la Constitución Nacional? No sería tan difícil encontrar algún profesional del derecho que nos oriente.

Recuperar la política pasa, de manera especial, por recuperar el aprecio por la Constitución.