Acerca de la Ley de educación sexual

 

El Senado de la Nación aprobó una Ley de educación sexual con valor para todo el país.
Prevé la puesta en marcha de un Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Es una “ley marco” que cada provincia tendrá que adaptar teniendo en cuenta sus necesidades.
Hasta tanto conozcamos el texto definitivo, nuestra valoración se apoya en el proyecto de ley que fuera aprobado en la Cámara de Diputados. Tiene algunos aspectos positivos que vale la pena destacar.

En primer lugar, se apunta a un concepto de educación sexual integral, que tiene en cuenta los “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.” (Art. 1º). Se prevén también espacios de diálogo, información y capacitación para docentes y padres.

La concreción de los contenidos, metodologías y perfiles específicos de la educación sexual está abierta a una participación amplia de la comunidad educativa de cada instituto.

Es de carácter obligatorio para todos los establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada, del nivel inicial hasta los institutos de formación docente y de educación técnica universitaria (Cf. Art. 4º).

Debe respetar el ideario institucional de cada establecimiento y las convicciones de su miembros (Cf. Art. 5º).

Presenta sin embargo algunos aspectos preocupantes. No son menores. Si bien se reconoce que la educación sexual es un derecho de los educandos (Art. 1º), no se afirma con igual fuerza que la misma es un derecho natural de los padres y de la familia.

Es verdad que estos se mencionan, pero más bien como destinatarios de acciones informativas y educativas, a fin de capacitar a los padres para acompañar la educación sexual de sus hijos (Art. 9º).

La perspectiva de la Iglesia es otra. La educación sexual es un derecho primario de los padres. No basta mencionar a la “comunidad educativa” como uno de los interlocutores válidos a la hora de aterrizar la Ley en cada establecimiento (Cf. Art. 5º). Los padres deben ser mencionados explícitamente.

El estado, la escuela, e incluso la misma Iglesia, ejercen un rol subsidiario de ayuda a los padres. Este avance del estado sobre la vida de las personas y las familias, si bien es una tendencia generalizada en todos los estados modernos, representa un problema muy serio para el funcionamiento saludable de la sociedad. El estado no puede sustituir a la familia. No puede serlo todo.

A esto se suma que el mismo proyecto de ley afirma que el mencionado Programa Nacional de Educación Sexual se crea con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos con las disposiciones de una serie de tratados internacionales o de normativas locales (como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otros) que, contienen concepciones ambiguas o francamente erradas sobre la familia y la sexualidad (cf. Art. 2º).

Estamos hablando de textos que tienen como trasfondo ideológico algunas concepciones de género que apuntan a una resignificación del concepto de matrimonio y familia, y la apertura a una sexualidad polimorfa que admite como naturales la homosexualidad, la transexualidad o el travestismo.

Sabemos también que detrás del eufemismo de “salud reproductiva”, las más de las veces tenemos que entender, lisa y llanamente: “aborto libre, gratuito y legal”.

El mismo proyecto de ley prevé que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología incorpore “experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades”, sobre todo en la elaboración de materiales y orientaciones para el Programa Nacional en ciernes (cf. Art. 7º). Lo que se conoce, por ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia homónima, es sencillamente preocupante.

Podríamos seguir analizando los aspectos preocupantes de la Ley. No queremos sin embargo hacer lugar a la cultura de la queja.

La Directora de Escuelas, Emma Cunietti ha declarado hoy en el Diario Uno (6/X) que la “educación sexual no se incorporará como materia sino como un contenido transversal” y que los Colegios Católicos tendremos la libertad de expresar nuestra cosmovisión”.

Si esto es así, creemos, y esto vale especialmente para los laicos, que tenemos abierta una puerta muy amplia para hacer oír nuestra voz y hacer valer nuestra visión de la persona humana, de la sexualidad y de la familia.

Tenemos una oportunidad, en la medida en que esta Ley marco suscite en las provincias una participación muy amplia de la que no podemos desertar.

Además del derecho de los padres, habrá que tener muy presente a los docentes, muchos de los cuales ejercen su tarea en condiciones muy precarias, e incluso adversas.

Ahora tendrán que abordar cuestiones delicadas, que tocan la sensibilidad profundas de los educandos, de sus familias y de la sociedad en general. Su palabra será muy importante.

Por lo tanto, debemos estar atentos para participar en los lugares claves de debate ofreciendo nuestros aportes (en conocimientos, tiempo, etc.) y, además, haciéndolos llegar al CONSEC, CEDUCAR y demás organismos y movimientos según el ámbito específico en el que están insertos.

P. Sergio O. Buenanueva, Rector del Seminario y Vocero del Arzobispado de Mendoza.

P. Augusto J. Baracchini, Vicepresidente del Consejo de Educación Católica. (CONSEC)