Los ciudadanos primero

 

Nota: Mons. Sergio O. Buenanueva, obispo auxiliar de Mendoza

La Iglesia católica no tiene una doctrina política completa. No tiene ni va a tener algo así. Sería extravagante que lo hiciera. No es su misión ni su competencia.

En cambio, con su doctrina social, la Iglesia expresa algunos principios, normas y criterios de carácter moral, para valorar la vida social desde la perspectiva de la fe cristiana. Su cometido es ofrecer una orientación a la conciencia y a la conducta moral de los creyentes. Sus fuentes: el evangelio y la interpretación racional de la condición humana.

Aquí está todo lo que puede y debe decir la Iglesia. Para algunos es mucho; para otros, demasiado poco. Sin embargo, si la Iglesia quiere tener una palabra responsable en los complejos debates de la moderna sociedad plural, debe delimitar con cuidado su propio discurso, indicando sus posibilidades, pero también sus límites. Este campo es: la perspectiva ética de la vida social.

Desde este horizonte concreto, quisiera reflexionar brevemente sobre uno de los principios de la enseñanza social católica que, según mi criterio, tiene una enorme actualidad. Me refiero al principio de la subsidiaridad.

Su enunciado es conocido: ni el Estado ni ninguna sociedad de orden superior deben suplantar la iniciativa y responsabilidad de las personas o de las organizaciones intermedias que dinamizan la sociedad civil. Deben, por el contrario, ponerse en actitud de ayuda (en latín: “subsidium”), dejando espacio para su iniciativa, libertad y responsabilidad.

El Estado tiene su razón de ser aquí: favorecer la subjetividad de la sociedad, no suplirla ni anular su espacio vital.

En el trasfondo de esta descripción está una cuestión básica: la preeminencia de la persona y de la sociedad por encima del Estado. La comunidad política está al servicio de los ciudadanos y de la sociedad civil. No al revés. Primero, los ciudadanos libres, concretos y reales.

Una cuestión básica, pero también olvidada o resignada por los mismos ciudadanos. Es uno de los efectos narcóticos de la sociedad del individualismo hedonista convertido en ley suprema. En un contexto así, no es extraño que prospere la tendencia del Estado a convertirse en un ser supremo que determina la totalidad de la vida de los ciudadanos.

Una halagadora tentación para el ciudadano que se deja alienar por el Gran Hermano que piensa por él todo: el pasado, el presente y su futuro. Una tentación para algunas élites que suelen operar a la sombra del poder para imponer a toda la sociedad sus perspectivas. Una tentación para la política que se convierte en búsqueda pragmática del poder, sin otro límite que el poder mismo.

¿Qué consecuencias podemos extraer de esta descripción bastante teórica de un principio de la moral social? Anoto algunas cosas, con libertad de espíritu.

Ya tenemos a nuestros gobernantes en el puesto donde los colocó el voto popular. Se trata de un número considerable de hombres y mujeres que retoman o estrenan la función pública a nivel nacional, provincial o municipal, en el Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Muchos de ellos son jóvenes. Eso despierta muchas esperanzas e ilusiones de un cambio para mejor en la comunidad política de nuestro país y de nuestra provincia.

Les deseamos lo mejor: es decir, que tengan sabiduría para buscar y realizar la justicia, que es el norte del Estado. Que sean políticos cabales: servidores del bien común no de sus propios intereses, o de los de su sector. El único sector que debe estar privilegiado es, sin dudas, el de los más pobres y excluidos, los niños y los jóvenes.

Sabemos que es una tarea ardua y poco gratificante, sometida a tensiones que pueden con cualquiera. Sabemos también de la fragilidad del ser humano frente a la tentación del poder o del dinero o del prestigio. Por eso, les deseamos, por encima de todo, que sean hombres y mujeres virtuosos, es decir, entrenados en el obrar bueno, justo y responsable. La virtud no es un lujo para la gestión eficiente de la cosa pública; es una condición intrínseca para un desarrollo humano genuino.

Sé que, al menos algunos, lo apreciarán: los hombres y mujeres de fe rezaremos por ellos. Y es una oración sincera y perseverante. Versa sobre una cuestión central de nuestra vida: la convivencia en paz de todos los ciudadanos y el bien común. Le pedimos a Dios que mueva el corazón de los gobernantes, para que sean sabios en discernir el bien del mal, la verdad de la mentira.

La oración cristiana por las autoridades, sin embargo, tiene que ser necesariamente acompañada por una vida ciudadana responsable y coherente.

Los ciudadanos no debemos conformarnos con el ejercicio cívico del voto. La gestión pública debe ser activamente acompañada por una sociedad que nunca debe dormirse. La república es cuestión de todos. Hoy, gracias a Dios, la sociedad argentina y mendocina posee una vitalidad creciente, manifestada en múltiples iniciativas, en variados campos de interés.

Sin menoscabar el significado de la representatividad, el principio de la soberanía popular supone también un ejercicio perseverante de participación en lo que es del interés de todo. Pongo algunos ejemplos, a mi juicio, decidores: la movilización que se ha dado en torno a la política del agua. También la discusión sobre el uso del suelo en nuestra provincia. Podría mencionar también la fuerte participación ciudadana en el debate por la minería a cielo abierto.

Hay otros campos, donde comienza a notarse una movilización cívica que merece atención: las políticas preventivas frente a las adicciones; una fuerte palabra crítica frente a la difusión del juego; la puesta en marcha de políticas integrales de prevención del delito; y podría seguir.

Confieso que me gustaría ver semejante inquietud en otros campos: la educación, por ejemplo. El problema central de la educación es enseñar a vivir a las nuevas generaciones, introduciéndolas en la realidad en todas sus dimensiones. ¿Cómo hacer esto sin involucrar más a los padres que, por otra parte, son lo que detentan el derecho deber originario de educar a sus hijos según sus valores y convicciones? No se trata de ir a la escuela a prepear a los docentes, sino a involucrarse con ellos en la educación integral de sus hijos. En fin, mucha tela para cortar.

El Estado debe ser el primer interesado en promover esta vitalidad de la sociedad, pues aquí se encierran las energías más preciosas de las que vive una democracia moderna. El Estado no tiene posibilidad de dar, desde sí mismo, esos valores y estímulos espirituales. Vive de ellos. Si no están en la sociedad, tampoco estarán en los pasillos y recodos del poder.

Cuando el Estado pretende convertirse en el único intérprete autorizado del sentido de la vida, se acerca peligrosamente al abismo de todos los totalitarismos. Y esto, a los argentinos, nos ha pasado, por derecha y por izquierda. Hay que estar atentos y vigilantes.

Aquí se esconde un secreto del desarrollo integral que anhelamos. No en el mesianismo de utopías gestionadas por unos pocos iluminados. Sino en el día a día de la lucha por la justicia, que involucra lo mejor que tenemos como argentinos: nuestros ciudadanos.